El acceso a la información pública en República Dominicana.

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El acceso a la información pública en República Dominicana.

 La Ley de  Libre Acceso de Información Pública constituye un referente fundamental en la lucha por la transparencia y la realización del principio republicano contenido en el artículo 4 de la Constitución que impone el deber a la administración de publicar los actos que realiza.

 Mínima discrecionalidad posible y el deber de publicar información, son mandatos en la que debe sujetarse la administración pública  centralizada o descentralizada, así como aquellas entidades privadas que reciben fondos públicos.

 Ese derecho que tienen todos los ciudadanos de acceder a documentos, así como a cualquier información pública juega un papel crucial  porque por medio de ella  se efectúa un verdadero control sobre las actuaciones de la administración haciendo posible un aspecto esencial de la democracia participativa.

 Con esto no queremos decir que el principio de acceso a la información pública sea un principio absoluto que no amerita excepciones. ¡Todo principio tiene sus excepciones!

 Las excepciones al acceso a la información pública están contempladas en los artículos 17, 18 y 19 de la ley de marras que tratan sobre intereses públicos o privados  preponderantes, entre las cuales, se encuentran, aquellas informaciones que previamente han sido consideradas por la Ley o decreto información clasificada, las que versan sobre seguridad nacional, o aquellas informaciones que puedan afectar la vida privada de las personas, etc…

Los supuestos  contemplados en los artículos precitados deben interpretarse de manera restrictiva, por consiguiente, fuera de esas razones, y de las expresadas en leyes especiales, sin que en ningún caso puedan modificar el contenido esencial del derecho a la información pública,  no pueden alegarse otras, para el rechazo del acceso a la información pública.

 En ese orden de ideas, la profesora Dolores Lavalle, nos dice que el “principio de publicidad admite excepciones aunque, a fin de que ellas no queden libradas a la discreción del Estado, deben establecerse en forma clara y taxativa en la Ley de acceso a la información”.

 Sin embargo, y a pesar de los años que tiene la Ley 200-004 sobre acceso a la información pública, la mayoría de las dependencias estatales no tienen oficinas para la entrega de la información solicitada.

 Y lo peor del caso, la mayoría de funcionarios públicos niegan el acceso a la información pública sin ninguna justificación legal constituyendo una falta grave en el ejercicio de sus funciones.

 La mayoría de  veces las denegatorias ilegales se basan en un simple rechazo per se, otras veces aduciendo el mero argumento de  que la institución no  posee la información sin establecer  su paradero, de todas formas, las referidas denegatorias son a todas luces ilegales.

 Ya es tiempo de que el gobierno se someta a su propia legalidad y que no se rija por el secretismo, la Ley de Acceso a la información pública constituye el remedio más eficaz para prevenir la corrupción en la administración pública pues convierte a todos los ciudadanos en vigilantes y en fiscalizadores de los funcionarios públicos.

Víctor Mena Graveley

El autor es abogado.

Whats App: 809-309-0594

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victorhoracio@hotmail.com

Soy de una provincia del norte de República Dominicana llamada Puerto Plata y me gustaría compartir contigo conocimientos e información. Mi número de móvil es el 8093080595

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