El Concepto de Consumidor en la Nueva Constitución

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El Concepto de Consumidor en la Nueva Constitución

El Concepto de Consumidor

 

La dogmática tradicional, así como también la Ley, definen a los consumidores como personas que adquieren bienes y servicios no destinados para una actividad comercial y para suplir necesidades básicas, personales, familiares o de grupo.

Atendiendo a esta definición la protección de los consumidores como destinatarios finales, según la ley 358, del año dos mil cinco (2005), abarcaría de manera restringida aquellas personas que consumen bienes que no sean  transformados en un proceso de producción, reincorporados al mercado o comercializados a terceros y a  los usuarios de servicios.

Según estas ideas,  y a modo ilustrativo, consumidor sería aquella persona que compra un televisor para disfrute personal o para su familia, distinto de aquella persona que compra harina para transformarlo en pan. En este último caso, y según la doctrina tradicional, es evidente que esa persona no entraría bajo la protección de la Ley del consumidor.

Siguiendo ese orden de ideas, la protección del consumidor se da bajo una condición especial, en razón de que el consumidor es la parte más débil en la relación de consumo, entendiéndose ésta, como aquél vínculo jurídico que sus efectos van más allá de una simple relación contractual: La relación de consumo trasciende la simple relación jurídica entre proveedor y consumidor y podría extenderse de manera solidaria, en caso de responsabilidad penal o civil, a otras personas que no intervinieron  en la contratación (un distribuidor o el que confecciona el producto).

Usualmente el consumidor está en una situación de desventaja ante las demás personas que intervienen en la cadena de comercialización, lo que legitima  que el Estado le otorgue la más amplia protección, es decir, se aprueba ciertas discriminaciones en favor del consumidor para igualarlo con aquellos que están en una posición de dominio o de poder (proveedor).

Los problemas comienzan con la definición de consumidor. Referente que nos conduce a la conclusión de que  pequeños y medianos empresarios que adquieren bienes o servicios  con el objeto de facilitar sus actividades comerciales, como el caso de comprar una computadora para llevar la contabilidad de las mercancías  que va a vender o de aquellas materias primas para transformarlas en productos terminados, escaparían a la protección  que establece la Ley de marras. Porque al entenderse  consumidor como destinatario final de bienes y servicios descartaría, de plano, a un empresario.

Con relación a lo antes dicho, la nueva Constitución de la República Dominicana establece en su artículo 53 el derecho fundamental de los consumidores y los usuarios cuando reza de la  siguiente manera:

“Toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los productos  y servicios que use o consuma, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley. Las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad, tienen derecho a ser compensadas o indemnizadas conforme a la ley”

De la frase toda persona, del texto citado,  se manifiesta una definición amplia que va más allá de consumidores finales. En ese caso, dicha norma vinculante y jerárquicamente superior a la Ley del consumidor, no diferencia entre consumidores finales de otros, como aquellos pequeños y medianos empresarios que adquieren materia prima para producir bienes. Personas que serían protegidas, de igual modo.

Además, dicho texto, por establecer un derecho fundamental se debe interpretar bajo el principio pro homine, es decir, y como muy acertadamente define el distinguido constitucionalista Eduardo Jorge Prats: “se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos.”

El constituyente derivado, a nuestro modo de ver, tomó el criterio de que algunas personas  están en iguales condiciones de debilidad que los consumidores finales: ¿o acaso aquel empresario que compra bienes bajo las condiciones impuestas, a veces abusivas, por otro empresario mucho más poderoso no  merece ser protegido?

Pensar lo contrario conllevaría a limitar la protección del consumidor obviando la amplitud que establece la nueva Constitución y condenando aquellos pequeños y medianos  empresarios a un estado de indefensión ante aquellas transnacionales, situación que advirtió la profesora italiana, especialista en derecho del consumo, Lucilla Gatt, de que asumir una postura restrictiva de protección al consumidor sería vulnerar razones de justicia y de equidad y sumir a los pequeños y medianos empresarios  a negociar en condiciones de desventaja sin ninguna protección antes, durante y después de la contratación.

 

Víctor Horacio Mena Graveley, el autor de Abogado.

Me puedes contactar en 809-309-0594

 

About the Author

victorhoracio@hotmail.com

Soy de una provincia del norte de República Dominicana llamada Puerto Plata y me gustaría compartir contigo conocimientos e información. Mi número de móvil es el 8093080595

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